El gobierno quiere acabar con la morosidad indiscriminada de algunas empresas, que en el caso del transporte supera la media nacional, mediante recargos o penalizaciones fiscales a través, por ejemplo, del Impuesto de Sociedades, según afirmó el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un foro organizado por el periódico Cinco Dias.

Sin embargo, el mismo día el Congreso de los Diputados tomaba en consideración una proposición no de Ley planteada por Ciudadanos en que se incluyen multas de casi un millón de euros para las empresas que vulneren con especial gravedad dicha Ley. La propuesta contó con el apoyo de PP, PSOE, Podemos, ERC, PNV, PdeCAT, UPN y Foro.

La Ley de Morosidad, vigente desde julio del 2010, establece unos plazos máximos de pago de 60 días para la empresa privada y de 30 días para las Administraciones Públicas, con un período de adaptación de dos años. Sin embargo, nunca dichos plazos se han visto cumplidos causando grandes problemas de liquidez y tesorería, especialmente a pymes y autónomos.

Actualmente la media de pago es de 77 días para las empresas en general, pero en el caso del transporte, el problema se agrava aún más que, según los datos que mensualmente elabora la asociación profesional Fenadismer, en el mes de mayo, la media de los plazos se elevó a 89 días.

El anuncio hecho por Montoro da una luz de esperanzas a pymes y autónomos, aunque todavía está por ver, si se impondrá su criterio de imponer penalizaciones fiscales, o la proposición del Congreso de aumentar las multas. Ya en mayo de 2014 el ministro de hacienda anunció acciones contra las empresas morosas, pero no se llegó a aprobar ninguna media específica.

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