Las organizaciones defienden “la armonización de las políticas autonómicas de transición al vehículo eléctrico con la nacional y la europea”, y afirman que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Govern balear “afecta gravemente al normal funcionamiento del mercado interior, suponiendo así un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea”.

Por su parte, la norma balear contempla la prohibición de que puedan circular por las islas vehículos diesel (coches y motos) a partir de 2025, pese a ser legal en el resto de España y de la Unión Europea.

Además, desde el año 2035, la circulación de vehículos propulsados por combustibles fósiles (coches, motos, furgones y furgonetas), quedaría prohibida. No obstante la ley sí que permitirá circular a los vehículos ya radicados en Balears, independientemente de su antigüedad y de sus emisiones.

Junto a CEOE, CEPYME y CAEB, también muestran su apoyo a las denuncias de ANFAC la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO), así como la Asociación Empresarial de Distribuidores de Automoción de Balears (ASEDA) y la Asociación Balear de Empresas de Alquiler de Vehículos con Conductor (BALEVAL), integradas en la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT), que tachan la norma balear de “contraria a la política europea”, así como de “regresiva y discriminatoria”.

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