Los retrasos y las condiciones de pago a un plazo muy largo es uno de los principales riesgos a los que debe hacer frente cualquier compañía, y sus consecuencias repercuten de forma global en la economía de un país. Se trata de una problemática general, aunque unos sectores sufren esta situación más que otros. El estudio de Intrum Justitia destaca la amenaza que la morosidad representa para la supervivencia de las empresas del sector transporte: el 43% de las consultadas evalúa este hecho como de “medio a muy grave”. A pesar de su trascendencia, este riesgo no es el más acusado, ya que un 55% sitúa en este grado de gravedad el coste adicional de los intereses. La pérdida de beneficios y la restricción de liquidez, señaladas ambas por el 49% de las compañías, son otras consecuencias comunes.
El sector del transporte y el del almacenamiento aún siente las consecuencias de la complicada coyuntura de los últimos años. Así, entre las principales causas que los transportistas barajan para justificar estos retrasos destaca las dificultades financieras de los deudores, razón señalada por el 73% de los preguntados. Asimismo el impago intencional (67%) y los problemas administrativos (48%) son otras razones identificadas.
El conjunto de la economía europea se ve afectada negativamente por los retrasos en los pagos. Con la intención de proteger a las empresas, especialmente a las pymes, la Unión Europea adoptó en febrero de 2011 la Directiva 2011/7 / UE sobre la lucha contra el retraso en las transacciones comerciales.

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