Según el texto de la Proposición no de Ley, el Grupo Parlamentario Socialista considera que el transporte de mercancías por carretera español sufre una desventaja competitiva en relación con empresas que se han deslocalizado de forma ficticia, igual que con las que contratan mano de obra con bajos salarios o utilizan sistemas que eluden o incumplen la legislación nacional o europea.

Para combatir dicha situación, en la Proposición no de Ley se pide que el Gobierno tome una serie de medidas. Una de ellas que se adhiera a la “Alianza europea por la Carretera”, con el objeto de promover posiciones comunes dentro dela UE para luchar contra el dumping social, favorecer la competencia leal y facilitar la convergencia en la aplicación de la legislación europea. Esta asociación fue creada a finales de enero por nueve países: Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia. El Gobierno español optó no adherirse a la Alianza.

También se ha incluido en el Proposición no de Ley la necesidad de incorporar a la legislación española lo antes posible la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores pertenecientes a empresas transportistas extranjeras y que se refuerce el Plan de Inspección de Transporte por Carretera, especialmente el control del transporte internacional y de cabotaje realizado por las empresas no residentes en España, para comprobar que cumplen la normativa vigente.

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