En ese sentido, la normativa de transportes establece que quien ostenta la autorización de transporte es el empresario de transporte, por lo que quien tiene que contratar y facturar en nombre propio, así como asumir las responsabilidades que de ello se derivan. Así, en las inspecciones llevadas a cabo se detectaron que eran los propios socios quienes facturaban, contrataban y asumían responsabilidades actuando como si ellos dispusieran de la autorización de transporte.

Señalar también, en las cooperativas de trabajo asociado cuyo objetivo sea el transporte público, a ninguno de los dos socios se les considera empresario y sólo obtienen rendimiento de los servicios desempeñados, y por lo tanto no pueden emitir facturas.

Por otro lado, en las actuaciones llevadas a cabo han sido detectados factores como la integración de los vehículos en las cooperativas únicamente a efectos administrativos, asumiendo los socios todas las obligaciones derivadas del vehículo, o la carencia de actividad organizativa por parte de la propia cooperativa, entre otros.

Por consiguiente, la Inspección de Transporte ha sancionado tanto a las cooperativas inspeccionadas como a sus propios socios donde se encuentran sanciones que ascienden a 428.544 euros, 501.668 euros y 404.132 euros.

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