Ante la trascendencia de esta decisión, que implica de facto la prohibición de la venta del motor de combustión a partir de 2035, 16 asociaciones advierten al Gobierno de que votar a favor de esta propuesta es votar contra los intereses de España.

Así, AEVECAR, ANCERA, AOP, APPA BIOCARBURANTES, ASTIC, ATliq, Bio-E, CEEES, CETM, CODIGASOIL, CONFEBUS, EWABA España, FACONAUTO, SERNAUTO, UNO y UPI  anuncian que las consecuencias sociales y económicas de esta medida afectarán, especialmente, a la población más vulnerable y las rentas más bajas, así como a la ciudadanía de las zonas más despobladas y menos comunicadas.

De este modo, apostar únicamente por la electrificación va a generar zonas de sombra en la España rural y vaciada, por lo que habrá parte de la ciudadanía que no pueda recargar su vehículo puesto que no contarán con un fácil acceso a los puntos de recarga.

Por otra parte, se está olvidando que en las zonas de menor población se necesita una mayor autonomía para recorrer largas distancias, a diferencia de los trayectos urbanos. Del mismo modo se obvia que la maquinaria y el transporte de agricultores y pescadores, así como el transporte pesado de mercancías funciona con combustible líquido y por lo tanto se dificultaría el correcto desarrollo de la actividad, su rentabilidad y el empleo que sostienen.

Por todo ello, las asociaciones exigen que se respete la neutralidad tecnológica y que no se prohíban las alternativas energéticas. Prohibir la venta de los motores de combustión no sólo desincentivará la producción de combustible tradicional, sino también de ecocombustibles que permitirían descarbonizar la movilidad a un menor coste y sin obligar ni a la población ni a las empresas de sectores estratégicos como la logística a cambiar de vehículo o renovar por completo sus flotas.

Asimismo, estas asociaciones señalan que no sólo se trata de la pérdida de eficiencia en el proceso de la transición energética, sino de la pérdida de derechos en materia de movilidad, de calidad de vida y de poder adquisitivo en las clases medias y bajas. Por todo ello, defender intereses de toda la población española requiere imperativamente votar no al reglamento de estándares de CO2 por parte del Gobierno español ante la Unión Europea.

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