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Los plazos de pago a transportistas mejoran en 2025 pese a una leve subida en marzo
Durante los primeros meses de 2025, se ha confirmado la tendencia positiva iniciada en el año anterior respecto a la reducción de los plazos de pago a transportistas.
Según el Observatorio Permanente de la Morosidad de la Fundación Quijote para el Transporte, en marzo se registró una leve subida, situándose en 63 días de media.
Aunque este ligero incremento aleja la media del objetivo de 60 días, el resultado sigue siendo notablemente mejor que en años anteriores, reflejando el efecto positivo del régimen sancionador contra la morosidad aprobado a finales de 2021.
Análisis de los incumplimientos de pago
Un dato relevante es que en el 79% de los casos, los pagos fuera de plazo fueron leves, es decir, se realizaron entre 60 y 90 días. Sin embargo, todavía existe un preocupante 4% de empresas que prolongan sus pagos más allá de los 120 días. Aunque esta cifra es mucho menor que el 20% registrado en 2022, sigue representando un reto para el sector.
Desde la implementación del régimen sancionador, los plazos de pago se han reducido en una media de 20 días, un avance significativo que refuerza la necesidad de continuar mejorando en esta área.
Principales medios de pago utilizados
Respecto a los métodos de pago en el transporte, se mantiene la preferencia por la transferencia bancaria, utilizada en el 72% de las operaciones. Le siguen el confirming (25%), el pagaré (3%) y el cheque con una incidencia menor al 1%.
La nueva normativa europea sobre morosidad: avances y desafíos
A pesar de los progresos, la nueva regulación europea sobre morosidad aún no ha sido definitivamente aprobada. Aunque el Parlamento Europeo dio luz verde al texto en abril de 2024, varios Estados miembro mantienen su rechazo, retrasando su aprobación final.
Se espera que el tema no se resuelva en la próxima reunión del Consejo Europeo en junio, coincidiendo con el final de la Presidencia polaca de la Unión Europea. La tramitación se retomará bajo la Presidencia danesa en el segundo semestre del año.
La propuesta establece una regla clara: plazo máximo de pago de 30 días en todos los sectores económicos, junto con la introducción de un régimen sancionador más estricto.
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