La aplicación de estas medidas viene provocada por el perjuicio medioambiental que puede generar el creciente aumento del mercado de reposición de neumáticos usados que no cumplen las exigencias previstas en el Real Decreto 1619/2005 para garantizar la correcta gestión del residuo que se genere tras su utilización.

La venta de neumáticos usados adquiridos en el extranjero o procedentes de los desguaces tienen la consideración de neumáticos de reposición y, por tanto, los responsables de su venta en España tienen que adherirse a un SIG (Sistema Integrado de Gestión) de NFU (Neumáticos Fuera de Uso) y abonar la correspondiente cantidad para financiar la recogida y correcta gestión del residuo que se genere tras su utilización como ya están haciendo algunas de estas empresas. En caso contrario, estarían incumpliendo sus obligaciones medioambientales y obteniendo de manera desleal un beneficio y una ventaja competitiva que no les corresponde.

La creciente demanda de este tipo de neumáticos está provocando la aparición de talleres dedicados casi en exclusiva al montaje de neumáticos usados, que solicitan a SIGNUS la recogida gratuita de los residuos sin que en muchos casos haya un conocimiento claro de su procedencia y del cumplimiento de las obligaciones previstas en el Real Decreto 1619/2005. En ocasiones, además, estos talleres no están legalmente establecidos y generan un grave perjuicio al sector tal y como vienen denunciando las asociaciones nacionales Cetraa, Conepa y Ganvam.

En 2012 SIGNUS gestionó 26.000 toneladas de neumáticos usados por encima de su obligación, equivalentes a más de 3,5 millones de neumáticos de turismo, provenientes en gran medida del citado fraude. Ello supone a la entidad un sobrecoste anual de más de 5 millones de euros.