LAS CLAVES:

• El salario mínimo alemán está en 1.473 euros brutos mensuales.
• La sanción alcanza los 500.000 euros por fraude.
• En España, 27.000 empresas hacen transporte internacional.

El año ha empezado con una nueva obligación para los transportistas que quieran viajar a Alemania o Francia: llevar a bordo del vehículo un certificado laboral que garantice que el conductor que hace el viaje cobra lo mismo o más que el salario mínimo de cada respectivo país. Pero ¿qué se persigue con esta medida? Pues luchar contra los bajos precios producidos, presuntamente, como resultado de contratar a personal extranjero con salarios paupérrimos, sin respetar la contratación laboral y rayando en la explotación de los trabajadores.

Alemania ha sido el pionero en la medida, debido a la proximidad geográfica que tiene con países cuyos salarios mínimos están muy por debajo de lo que se cobra legalmente en el país. Según datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, un trabajador alemán tiene derecho a cobrar, como mínimo, 1.473 euros mensuales por una jornada completa de ocho horas, lo que contrasta con lo que cobra un trabajador polaco (por ejemplo), cuyo salario mínimo es de tan sólo 409 euros.

Y si seguimos comparando, vemos que el salario mínimo alemán es bastante más alto que el rumano (217 euros), el eslovaco (380 euros) o el checo (332 euros), por fijarse en países que están próximos a Alemania, porque aún hay Estados que tienen cifras inferiores.

Esto ha hecho que países centroeuropeos (de momento sólo son dos, pero se podría ampliar a otros Estados miembros con derechos salariales más altos) estén exigiendo documentos laborales y, sobre todo, una equiparación salarial para evitar que haya diferencias tan notables como las expuestas. Y, sobre todo, que no se produzca el llamado “dumping social” o competencia desleal, que siempre acaba recayendo en el trabajador.

Al principio, la medida creada por Alemania establecía que se aplicaba la obligación tanto a los conductores que tuvieran como destino final Alemania como a los que iban de viaje de tránsito pero, tras varias semanas de entrada en vigor, y las quejas de diversos colectivos, se eliminó la obligación a los conductores que iban de paso.

Qué se exige

Como promotor de la idea, Alemania obliga, desde principios de año, documentar el comienzo, duración y finalización del tiempo de trabajo diario en el país. La documentación se tiene que recopilar dentro de los siete días posteriores a la prestación por el trabajador y deberá conversarse durante, al menos, dos años. Se debe enviar un certificado que acredite que los documentos están disponibles para las aduanas alemanas (importante, el texto debe estar escrito en alemán), para facilitar la inspección y verificación.

La norma dice que están exentos de la obligación de documentación los empresarios cuyos asalariados cobren sueldos por encima de los 2.958 euros mensuales.

Si la empresa tiene Alemania como un destino frecuente, para no multiplicar el papeleo, se puede informar de todas las operaciones previstas durante un periodo máximo de seis meses. Una vez comunicada la primera notificación, no es necesario informar de cambios en la planificación de las operaciones de transporte. La notificación será considerada efectiva después de haber enviado el fax a la aduana.

Así, el responsable de la empresa de transporte está obligado a enviar un certificado en el que asegura dos premisas: que cumple con el salario mínimo de sus conductores y que la documentación está archivada en España, pero disponible en alemán para las autoridades alemanas.

Según informa la aduana alemana, los conductores de autobús no están obligados a llevar este certificado en el vehículo, aunque se recomienda que lleven una copia cuando crucen la frontera alemana.

Las multas por no llevar el certificado a bordo o no enviar por fax los documentos que se piden podrán ascender hasta los 30.000 euros, y si las autoridades comprueban que no se cumple con el requisito del salario mínimo, los conductores podrán ser considerados trabajadores ilegales y ser sancionados con multas de hasta 500.000 euros.

Ahora, Francia

El problema de estas medidas que implantan los Estados miembros en territorio comunitario es que, a veces, se produce el efecto contagio, y esto es precisamente lo que ha pasado con el asunto del salario mínimo, que a su vecina Francia también se le ha ocurrido exigir un certificado laboral.

En el caso francés, aún está en fase de proyecto, por lo que todavía no está en vigor, pero los planes del Gobierno galo pasan por aprobarlo en el segundo trimestre del año. La medida se encajaría en la llamada Ley Macron (por el nombre del ministro de Economía e Industria), que tiene el objetivo de liberalizar servicios y normas laborales y, como contrapartida, instaurar nuevas reglas de lucha contra la competencia desleal.

Francia pretende que todo conductor que haga operaciones de cabotaje con motivo de una misión de transporte internacional, se beneficie de las normas sociales y del salario mínimo en vigor en Francia.

Así, los transportistas extranjeros que hagan trabajar en Francia a conductores sin suministrar prueba que atestigüe el respeto de esas normas, podrán ser llevados ante los tribunales franceses de lo social acusados de “trabajo ilegal”. El salario mínimo bruto aplicable al sector del transporte en Francia es de 9,61 euros por hora trabajada.

En caso de incumplimiento, hay previstas sanciones de entre 150.000 y 500.000 euros por fraude.

Todo esto significa que, a partir de la entrada en vigor de la mencionada Ley, los conductores que hagan actividades de cabotaje terrestre en Francia están sometidos a la norma en vigor sobre desplazamiento de trabajadores. De este modo, la tradicional “declaración previa de desplazamiento de un trabajador” se sustituirá por una “prueba de desplazamiento del trabajador”, que no tendrá que ser previa a la entrada del conductor en territorio francés, ya que el Gobierno lo delega todo en su equipo de control e inspección.

La enmienda exige que, a la hora de establecer responsabilidades, el receptor de la mercancía será asimilado al expedidor a la hora de asumir la obligación de seguir las leyes sociales francesas aplicadas a los conductores extranjeros que hagan operaciones de cabotaje internacional en suelo francés.

Medidas proteccionistas

Como es de suponer, las asociaciones de transporte no han tardado en mostrar su oposición a la medida. Concretamente, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) denuncia que la medida es “un enorme obstáculo” para muchas de las empresas de transporte españolas que salen al extranjero y se dedican a la exportación.

Su director general asegura que la asociación lleva tiempo alertando “de las medidas proteccionistas que quieren imponer algunos países para defenderse de la competencia extranjera. Y tememos que la nueva normativa pueda provocar un nuevo aluvión de medidas de este tipo. En ese sentido, lamentamos que el Gobierno español todavía no haya actuado de forma clara y contundente contra estas amenazas para nuestro sector”.

Para Valdivia, “la falta de armonización legislativa de los diferentes países de la Unión Europea es uno de nuestros caballos de batalla. Medidas como la alemana o francesa, la tasa HGV británica o la prohibición belga y francesa a los descansos semanales en camión y otras sólo sirven para aumentar el caos normativo y crean gran inseguridad jurídica en las empresas. Son normas que nos imponen de forma atolondrada, de un día para otro, y que están mareando a nuestros transportistas. En este sentido, el director general de Astic apunta que la asociación seguirá trabajando para que los países “caminen en la misma dirección” y se avance “hacia una Europa convergente”.

En el caso francés, Ramón Valdivia recuerda que “los beneficios sociales en Francia son de los más elevados de Europa. Esta situación supone un enorme obstáculo para muchas de las empresas de transporte españolas que operan en el país vecino. Un duro revés que llega, precisamente, en un momento en el que el sector estaba dando sus primeros pasos hacia la recuperación”. Y apostilla: “además del desequilibrio que generará entre los países miembros, la enmienda provocará un exceso de burocracia en las administraciones. Todos los transportistas extranjeros que contraten conductores en Francia sin proporcionar la certificación requerida podrán ser denunciados por trabajo ilegal”.

Hay que señalar que Francia, además del certificado, exige tener un representante en el país, responsable de la coordinación con las autoridades de control.

Para la CETM, esta reforma “supone la desaparición del cabotaje terrestre en Francia”. Los principales sindicatos de trabajadores franceses (con la CGT a la cabeza) han calificado la medida de “revolucionaria”. La asociación francesa de transportistas por carretera FNTR considera que la medida es acertada, salvo en la consideración del receptor de la mercancía como responsable solidario del respecto de la aplicación del salario mínimo francés al conductor extranjero en suelo galo.

La CETM se ha puesto en contacto con varios expertos en derecho comunitario y éstos consideran que cuando se pronuncie la Comisión Europea, ésta pondrá objeciones a su aplicación, pero sostienen que ambas medidas (la alemana y la francesa) suponen “una gran presión para que Bruselas actúe a favor de la lucha contra la competencia desleal y favorezca, de una vez, la armonización social y laboral. De hecho, la patronal francesa FNTR considera la medida insuficiente si no se adopta el mismo principio en toda Europa.

Bruselas, detrás

Visto el asunto, la Comisión Europea está analizando el impacto y la legalidad de la norma lanzada por Alemania, y el pasado 21 de enero abrió un procedimiento contra este país para saber si es compatible con la reglamentación europea. Por ello ha pedido a las asociaciones profesionales que le envíen toda la información que sea posible sobre pérdidas económicas que dicha medida puede estar suponiendo a las empresas transportistas que circulen por Alemania.

De hecho, el Parlamento Europeo ha pedido explicaciones a la Comisión sobre el tema, ya que la medida podría estar en riesgo de respetar los principios de competencia y libertad de movimiento de bienes y servicios que rigen el espacio comunitario, por lo que se ha pedido que se retrase su entrada en vigor. También se ha denunciado por parte de varios eurodiputados que la nueva regulación alemana impone “onerosas cargas y requisitos burocráticos a las empresas de transporte que quieran operar allí”.

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publicado en la revista Truck

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Numero 92 - mayo 2015

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