El motivo central de esta reunión ha sido la gran preocupación empresarial y sindical que ha generado la modificación realizada en el Reglamento General de Conductores, a partir de la aplicación del Real Decreto 475/2013, en el sistema de evaluación para la renovación del carné para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas (Autorización de formación ADR). La principal modificación que incluye el Real Decreto es el examen en la Jefatura Provincial de Tráfico, en lugar de en el propio centro de formación, como se hacía antes, que deben superar los conductores, tras realizar el curso de reciclaje en un centro de formación autorizado.

El sector del transporte ha denunciado los graves deterioros en la productividad de las empresas, con costes excesivos por la paralización de personal y vehículos, así como problemas sociales para todos los trabajadores intervinientes en el proceso, que esta medida ha ocasionado.

Las organizaciones implicadas en la capacitación y empleo de los conductores profesionales, han solicitado a esta dirección general que considere su modificación y que oriente su actuación en las direcciones siguientes:

• Posibilitar que la realización de las pruebas de evaluación de los conductores participantes en los cursos de renovación de la autorización ADR, sean realizados por parte del centro que ha impartido la formación (sin perjuicio de la presencia y/o participación de los funcionarios de la administración territorial de Tráfico que se personen), en el mismo lugar de realización de la acción formativa e inmediatamente después del periodo de formación.
• Potenciar, desde las administraciones territoriales de Tráfico, el control y la inspección tanto de los centros como de los cursos de formación, en la línea de impedir cualquier actuación incorrecta en la práctica de formación
• Sancionar con rigor y dureza cualquier actuación que vaya en contra de la mejor y necesaria capacitación de los conductores profesionales de este sector.

La reunión ha establecido vías abiertas al dialogo y a la colaboración para que todas las partes implicadas en este proceso establezcan mecanismos de formación y evaluación más adecuados para el mantenimiento de los niveles de empleo, cualificación y seguridad del sector del transporte.