Según esta Ley, a partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de CO2, prohibiendo así la comercialización de vehículos diesel, gasolina, GNC y GLP e híbridos en todas sus tipologías.

Desde la aprobación de la Ley, sólo se podrán subvencionar los vehículos 100% eléctricos, con lo que se desactivan los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo y discrimina a una tecnología limpia y eficiente frente a otras.

ANFAC reslta que “la industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico”, pero que la transición hacia “una movilidad cero y bajas emisiones” ha de ser “ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”.

Por su parte, la asociación asegura que el Gobierno no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos a la hora de redactar el proyecto, y ha convocado en próximas fechas a su Comisión de Estrategia para revisar el posible impacto que este marco puede tener en la industria española de la automoción.

Con todo, para ANFAC, este proyecto de Ley tiene una serie de implicaciones económicas, laborales, sociales y de políticas de movilidad, con impactos en el tejido industrial español de la automoción, que representa el 10% del PIB y el 9% de la población activa del país.

Si bien la asociación respalda el desarrollo de los vehículos con cero emisiones, “sin un plan de medidas de acompañamiento, que realmente apuesten por una transición industrial en las fábricas españolas y que impulsen la venta de estos vehículos de manera masiva, no es viable el cumplimiento de estos objetivos”.

La medida se compara con las prohibiciones establecidas en Reino Unido y Francia, que prohíben la venta en fechas similares de los vehículos de combustión. Pero no tienen en cuenta que Reino Unido ha aprobado un plan estructural de apoyo a la compra de vehículos alternativos y de gestión de infraestructuras de recarga de 1.500 millones de libras. Como Alemania, que aprobó a finales de 2017 un plan dotado con 1.000 millones de euros. España sólo ha dedicado 74,5 millones de euros a estos planes en cinco años y en el último año, no ha aprobado ningún programa de ayudas.

---

¿Te ha interesado esta información?

Suscíbete y recíbelas gratis

Acepto los Términos y Condiciones

Recuerda que puedes darte de baja en cualquier momento

¡¡¡A NOSOTROS TAMPOCO NOS GUSTA EL SPAM!!!

---