Por su repercusión sobre los autónomos del transporte, destaca entre las medidas propuestas la imposibilidad de acogerse al régimen fiscal de estimación objetiva por módulos a determinados colectivos, entre otros el de transportistas, si superan los 50.000 euros de facturación anual, de manera que de hecho se sacaría a todo el sector de los módulos. Si se aprueba, entraría en vigor el próximo año.

Otra de las medidas anunciadas es la de limitar a un máximo de 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional (la limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito). Quienes incumplan la prohibición se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo, y tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Esta medida se quiere poner en marcha lo antes posible, según han asegurado desde el Gobierno.