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Las sanciones empiezan a hacer efecto y las empresas morosas se reducen a la mitad

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El año pasado, los plazos de pago en el sector del transporte por carretera en España mostraron una reducción significativa respecto a 2021, alcanzando una media de 63 días en diciembre, en comparación con los 80 días del año anterior.

Esta disminución es un reflejo del impacto positivo del régimen sancionador contra la morosidad en el transporte, aprobado en 2021. A pesar de los avances, la morosidad en las relaciones contractuales entre transportistas y cargadores e intermediarios aún persiste, pero los esfuerzos legislativos han logrado un descenso en los plazos de pago y el número de empresas infractoras.

El régimen sancionador y su efecto en la reducción de plazos

La reducción de los plazos de pago en el sector del transporte es notable, ya que el pasado diciembre se registró una media de 63 días, 20 días menos que en 2021. Este cambio no es casualidad, sino el resultado de la implementación del régimen sancionador contra la morosidad, que ha obligado a las empresas a ajustar sus prácticas de pago. En particular, el incumplimiento de los plazos legales por parte de cargadores e intermediarios ha disminuido, lo que ha mejorado la situación económica de los transportistas.

Además, la implementación de este régimen en 2021 abordó un problema histórico en el sector: la falta de igualdad en las negociaciones contractuales entre transportistas y clientes. Esta desigualdad se traducía en plazos de pago que superaban en gran medida los establecidos por la Ley de Morosidad, afectando a la liquidez de las empresas de transporte.

Menos empresas morosas y su impacto en la solvencia

El número de empresas morosas también ha disminuido considerablemente. En diciembre de 2022, el porcentaje de cargadores e intermediarios que incumplieron la legislación sobre morosidad, es decir, que no pagaron en los 60 días establecidos por ley, se redujo al 48%, frente a más del 65% a principios de 2021. Aunque el descenso es significativo, aún existen empresas que retrasan los pagos, especialmente aquellas que superan los 120 días de morosidad. Sin embargo, este tipo de incumplimiento ha disminuido en los últimos años, aunque sigue representando el 6% de las empresas.

Una gran mayoría de las empresas que continúan retrasando los pagos lo hacen de forma moderada, es decir, en un rango de entre 60 y 90 días, lo que representa un 73% de los casos.

El impacto de la publicación de la lista de morosos

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas (Fenadismer) destacan el impacto positivo de la publicación periódica de la lista de morosos. Las empresas que no cumplen con los plazos legales de pago son penalizadas por las principales agencias especializadas en la calificación de la solvencia empresarial. Este sistema afecta directamente al rating de las empresas morosas, dificultando su capacidad de financiación y su reputación en el mercado.

El régimen de sanciones por morosidad en el sector del transporte

La Ley de Ordenación de Transportes Terrestres establece un régimen de sanciones económicas para las empresas que incumplen el límite máximo de pago estipulado por la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre). Las infracciones son penalizadas con multas que varían según el importe del transporte, y la gravedad de la infracción puede incrementar significativamente la sanción.

Las sanciones varían entre 401 euros y 18.000 euros, y pueden llegar a ascender a 30.000 euros en casos de reincidencia o de incumplimientos graves, como los que superan los 120 días de retraso en los pagos.

Avances en la lucha contra la morosidad

Aunque la morosidad sigue siendo un desafío en el sector del transporte por carretera, los avances en la reducción de los plazos de pago y el aumento de las sanciones están logrando resultados positivos. La implementación del régimen sancionador y la publicación de las listas de morosos han tenido un impacto significativo en la mejora de la solvencia empresarial y en el fortalecimiento de las relaciones comerciales dentro del sector.

La lucha contra la morosidad continúa siendo una prioridad para el sector del transporte, y se espera que las medidas adoptadas sigan contribuyendo a una mejor regulación y condiciones de pago para los transportistas en los próximos años.


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