La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) rechaza el aumento de burocracia y caos normativo que se está produciendo en los países europeos y en las 17 comunidades autónomas debido a la crisis sanitaria.

El Tribunal Supremo ha vuelto a suspender, de forma cautelar, el apartado segundo de la Orden SND 413/2010, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para las ITVs por el estado de alarma.

Al Plan Renove, aprobado a finales de junio, que prevé ayudas para la adquisición tanto de camiones como de furgonetas, no pueden acceder ni los autónomos ni las empresas de transporte público de mercancías, pero sílas empresas de transporte privado.

La DGT, junto a la Agrupación de Tráfico de la Guardi Civil, se suma a la campaña de control de vehículos destinados al transporte de mercancías y personas que la Organización Europea de Policías de Tráfico puso en marcha el lunes 12 de octubre y finalizará el día 18.

El Gobierno francés asume las propuestas acordadas por una Asamblea ciudadana denominada Convención del Clima Ciudadano, que plantea como objetivo restringir aún más la actividad del transporte por carretera en beneficio de otros modos de transporte.

En julio de 2012, FENADISMER puso en marcha el Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera para verificar el cumplimiento de la vigente legislación en materia de morosidad, que establece el tope en 60 días.

La Dirección General de Tráfico ha comunicado que tiene previsto modificar el Reglamento General de Conductores en lo que se refiere a las edades mínimas de obtención de los permisos de conducción equiparándolas a las establecidas en toda Europa.

Los confinamientos locales decretados tanto en Santoña por el Gobierno de Cantabria como en Beniganim por la Generalitat Valenciana no excluyen al transporte de mercancías de las restricciones de desplazamiento decretadas.

El pasado mes de diciembre de 2017 entró en vigor la Resolución de la DGT de 24 de noviembre de 207 donde se establecía en las restricciones anuales a la circulación de camiones la prohibición de circulación en la N-232 y N-124 y su desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara nula la regulación del tráfico de Madrid Central, aprobada por el anterior equipo de Gobierno.