Catorce expertos (cinco designados por el Gobierno, tres por sindicatos y patronal y otros seis por el PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, ERC y Foro Asturias) han elaborado un informe para el Ministerio de Energía, departamento que tiene entre sus previsiones para este 2018 elaborar una Ley de cambio climático y transición energética. Norma que tendrá como objetivo cumplir con los objetivos que se marquen en la Unión Europea en relación con la utilización de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático, objetivos a su vez vinculados con el Acuerdo de París contra el calentamiento global.

En relación con el transporte por carretera, en el documento final, aprobado por once de estos expertos, con la abstención y comentarios particulares de los tres restantes, se propone la creación de dos nuevos impuestos: uno vinculado a las emisiones de CO2 de los vehículos, y otro para otras emisiones contaminantes, como las partículas y los óxidos de nitrógeno (NOx). Además, se apuesta por aumentar la carga impositiva sobre la gasolina y, en mayor medida, sobre el diésel, con un incremento del 29%. Entre los objetivos de esta reforma fiscal está “la internalización de los costes medioambientales asociados a cada producto energético", según se señala en el documento. Por otra parte, propone "vincular los apoyos a vehículos con energías alternativas a las emisiones de CO2 evitadas".

Como entienden que estas medidas supondrán el desplazamiento de la compra de vehículos hacia modelos que no consuman ni gasolina ni gasóleo, la solución para no ver disminuida la recaudación a través de los impuestos, apuestan por la introducción de la viñeta, el sistema de pago por uso de las carreteras.

Y aunque en el informe también se sugiere establecer exenciones fiscales para el transporte por carretera profesional para reducir el impacto de estas medidas sobre el sector, las asociaciones de transportistas han criticado duramente estas propuestas, porque perjudican a esta actividad directamente, que además ya soporta una importante carga impositiva, y porque, debido al papel estratégico que tiene el transporte, lastrarían la evolución de la economía en general.

Hacienda y Bruselas

Últimamente, el incremento de los impuestos que gravan el gasóleo no deja de ser noticia. En fechas recientes, Hacienda ha mostrado su predisposición a negociar una subida del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. Y, por otra parte, la Comisión Europea ha criticado la “baja fiscalidad” de los impuestos medioambientales fijados por el gobierno español, en especial, el aplicado al gasóleo. Mucho río sonando…

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