Esta reclamación está fundamentada en las sucesivas sentencias dictadas a lo largo del pasado año por el Tribunal Supremo que han ido ratificando la Resolución dictada en 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) donde se condenaba con una multa por importe de 171 millones de euros a la práctica totalidad de marcas que venden vehículos automóviles en España.

De este modo, en las referidas sentencias ha quedado acreditado que entre 2006 y 2013 las 21 marcas sancionadas han estado operando en el territorio nacional a través de la puesta en común entre ellas de información con el objetivo de elevar artificialmente el precio de los vehículos adquiridos durante dichos años, que se estima aproximadamente entre un 10 % y un 15 % del valor del vehículo.

Por ese motivo, tras las sentencias del Tribunal Supremo, la Resolución de la CNMC es firme y por consiguiente abre la posibilidad a que cualquier persona, particular o autónomo o empresa, que hayan adquirido algún vehículo en dichos años puedan exigir ante los Tribunales una indemnización equivalente al sobreprecio pagado.

La incorporación al procedimiento de reclamación es gratuito y abierto a todos los afectados, gracias al apoyo de un Fondo de Litigación especializado en este tipo de reclamaciones, pudiendo reclamarse por la adquisición en propiedad o leasing de furgonetas, turismos y derivados de turismo, garantizándose que los afectados recibirán un 75 % de la indemnización que se obtenga sin asumir ningún coste durante todo el procedimiento.