En abril de 2016, la Comisión europea resolvió sancionar a los principales fabricantes de vehículos industriales (DAF, Daimler, Iveco, MAN, Renault-Volvo y Scania) por la fijación en los precios de venta de sus camiones y cabeza tractoras, así como por retrasar de forma deliberada la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones, lo que conllevó a una multa récord contra dicho cártel por un importe de casi 4.000 millones de euros.

De este modo, los transportistas que hubieran adquirido un vehículo nuevo de estas marcas entre 1997 y 2011 podían presentar una reclamación contra dichos fabricantes exigiendo indemnización por el sobrecoste pagado en su día, estimado entre el 10 % y el 15 % del valor de compra más los intereses de demora correspondientes.

En lo referente al plazo máximo para poder reclamar, si bien la Directiva europea sobre acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia establece un plazo de hasta 5 años para poder presentar reclamaciones, sin embargo, en la transposición que llevó a cabo el Gobierno español en mayo de 2017 de la citada Directiva europea, estableció que dicha regulación europea no sería de aplicación a los cárteles sancionados con anterioridad a dicha fecha, como era el caso del cártel europeo de fabricantes de camiones, lo que obligó a los transportistas a tener que presentar su reclamación o la correspondiente notificación de interrupción de la prescripción en un plazo máximo de un año, en base a lo que establecía la legislación española vigente en aquel momento.

No obstante, según ha podido conocer FENADISMER, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia sobre la interpretación y aplicación de la citada Directiva europea de daños contra la libre competencia, estableciendo su aplicación al cártel de camiones, ampliando así el plazo de prescripción a los 5 años.

Por otro lado, aunque este plazo habría terminado el pasado mes de abril de 2020, hay que señalar que la suspensión de los plazos que aprobó el Gobierno por el estado de alarma en 2020, permite ampliar dicho plazo máximo de reclamación hasta este mes de junio.

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