Estas organizaciones, pertenecientes a dos de los sectores más afectados por las restricciones impuestas por la Ordenanza de Movilidad Sostenible, agradecen además al Grupo Municipal de VOX, que actuó como demandante en el proceso judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las zonas de bajas emisiones

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso contra la Ordenanza de Movilidad Sostenible y ha declarado la nulidad de varios artículos y disposiciones transitorias, lo que supone la anulación de todas las Zonas de Bajas Emisiones del municipio, incluyendo Madrid Zona de Bajas Emisiones, Distrito Centro y Plaza Elíptica.

Las asociaciones sectoriales habían advertido repetidamente sobre la insuficiencia de los informes de impacto normativo y medioambiental que respaldaban la Ordenanza. Según la sentencia, estos informes no cumplían con los requisitos legales y no consideraban adecuadamente las alegaciones presentadas por los sectores afectados, como el transporte de mercancías y viajeros. Asimismo, no se valoró el impacto económico que estas medidas restrictivas tendrían sobre los transportistas y otros colectivos vulnerables.

Deficiencias en los estudios de impacto económico

Uno de los puntos más críticos de la sentencia es la falta de análisis de medidas alternativas menos restrictivas. El fallo indica que el estudio presentado por el Ayuntamiento no exploró opciones que pudieran cumplir con los objetivos medioambientales sin perjudicar a PYMES, autónomos y personas con discapacidad, quienes serían los más afectados por los altos costos asociados a la renovación de vehículos. Esto supone un incumplimiento del “principio de transición justa”, recogido en la Ley de Cambio Climático, que exige que las políticas medioambientales consideren las circunstancias económicas de los colectivos más vulnerables.

La respuesta de las asociaciones y el futuro de las zonas de bajas emisiones

Aunque la sentencia aún no es firme y el Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado su intención de recurrirla, las asociaciones afectadas consideran que es momento de dialogar y revisar la viabilidad de la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones. Exigen que se evalúe el impacto económico en los sectores más afectados y que se asuman responsabilidades por parte de los responsables políticos que han impulsado esta normativa sin estudios de impacto adecuados.

El fallo judicial pone de manifiesto la necesidad de adaptar las políticas de movilidad y sostenibilidad a las circunstancias económicas de los transportistas, especialmente en un contexto donde las Zonas de Bajas Emisiones podrían afectar gravemente a la viabilidad de las empresas del sector.

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