LAS CLAVES

• Cada año se expiden casi 40.000 autorizaciones de transporte especial
• Fomento puede tardar 3 meses para autorizar un transporte
• España es el primer país de la UE con más puertos de montaña, y el segundo de Europa, sólo por detrás de Suiza

Cuando vemos por la carretera un convoy de un transporte especial, lo menos complicado es el arrastre de la mercancía. Así lo creen los que se dedican a este trabajo, porque lo peor ya se ha hecho: llegar a un acuerdo con el cliente, pedir los permisos, esperar a que la Administración conteste, recibir la autorización y, finalmente, ponerse en marcha.
El mayor problema que tiene el transporte especial no es la carga. Paradójicamente, hay otra “carga” peor: la burocracia con la que tiene que lidiar. Y todo porque entran en lidia dos ministerios y varias administraciones, debido a las competencias que tienen las comunidades autónomas y los fueros, territorios históricos que en su día gozaron de prebendas y que, hoy en día, todavía disfrutan, como la gestión de ciertos aspectos, como las carreteras.

Reinos de taifas

La asociación de transporte especial Astrae lleva años luchando para que el trabajo en los despachos sea cada vez más corto y no obstaculice el que realmente deben hacer los transportistas: acarrear grandes volúmenes. Para ellos, el papeleo que deben reunir y solicitar para que las distintas administraciones les den autorización a pasar por territorios y carreteras es muy abultado, y no cuentan con demasiada ayuda por parte de la Administración.
Uno de los problemas (que no el único) es que, en el tema del transporte especial, entran en liza dos ministerios: el de Fomento (que da la autorización a pasar por la vía) y el de Tráfico, que comprueba que ese transporte se hace respetando la seguridad vial. A esta cuestión se le añade el hecho de que, en los territorios de Cataluña, País Vasco y Navarra, la Administración transfirió en su día competencias, por lo que hay que ir a cada comunidad autónoma a hacer el mismo papeleo si se quiere pasar por dichos territorios.
Y aún hay más: en el País Vasco, las diputaciones son las que tienen la competencia (y, por lo tanto, la gestión), de las carreteras, por lo que hay que hacer una solicitud extra para pedir los permisos necesarios para poder pasar. Teniendo en cuenta que el tiempo en la Administración (ya sea local, autonómica o estatal) no es una prioridad, las empresas de transporte pueden pasarse meses esperando a que se les autorice una solicitud.
Tanto es así, que las jefaturas provinciales de Tráfico tienen un periodo máximo legal de tres meses para responder una solicitud. Y eso no significa que la respuesta vaya a ser afirmativa, porque pueden pedir, en cualquier momento, algún documento que necesiten para dar permiso a un transporte especial.
De todos modos, la tecnología ha llegado a nuestras vidas y a la Administración, también. Hace años, la Dirección General de Tráfico ideó una aplicación informática, denominada TRAZA, para que las empresas de transporte presenten sus solicitudes a través de internet. Así se ahorran tener que ir a la DGT o a la jefatura de tráfico de su provincia a hacer el trámite.
Sin embargo, los problemas que genera este programa informático no son pocos: hace unos meses, la Dirección General de Tráfico decidió actualizarlo, pero se han encontrado con múltiples problemas para seguir operando con él. Tanto es así que Tráfico tuvo bloqueada la autorización de los permisos por vía telemática para el transporte especial. Por eso, la asociación Astrae pidió a la Administración que no suspendiera la aplicación informática anterior hasta que no pudiera acreditar el correcto funcionamiento del nuevo programa. El incidente provocó que se paralizaran algunos portes de bienes de equipo para la industria española y para la importación y exportación de mercancías.

Reuniones

Así las cosas, en las asambleas que la asociación celebra cada año para dar cuenta de cómo está la situación y las reuniones que mantienen con la Administración, la junta directiva explica que las cosas están bastante paradas, y no sólo por los problemas burocráticos: “cada vez hay menos transporte. Con cada modificación de ley o instrucción se está prostituyendo el sector. Vamos a presentar un recurso contencioso administrativo contra la Ley de Carreteras, por los perjuicios que nos causa a los transportistas del especial”. La novedad que introduce esta ley es que los usuarios de la carretera que deban pedir una autorización complementaria de circulación es que, además, deben solicitar a los titulares de las vías (Estado, comunidades autónomas, diputaciones) autorizaciones paralelas para circular en tramos pequeños que no están contemplados.

Para la asociación, lo que se consigue con esta propuesta, más que eliminar cargas burocráticas al sector o facilitar las tramitaciones que hagan a través del programa TRAZA (según Tráfico) es “aumentar el número de sanciones, ya que los transportistas no las solicitarán para tramos ínfimos, sino que simplemente los harán, aún a riesgo de ser sancionados”.
Con esta novedad aumenta, todavía más, la carga burocrática, ya que antes, una misma autorización limitaba un trayecto entre dos puntos, fuese quien fuese el titular de la vía. Para este caso, la autorización se debe pedir en las jefaturas provinciales del lugar donde la empresa tenga la sede, preferentemente, aunque los solicitantes tienen la posibilidad de hacerlo en otras cuya carga de trabajo sea menor. Lo que no se puede elegir, según la responsable del Área de Autorizaciones Especiales de la DGT, es funcionario, porque eso no le compete al solicitante, sino a la propia Administración.  

A los tribunales

El recurso contencioso administrativo que prepara la asociación está sujeto a un informe previo que está preparando y que va a presentar para conseguir el consenso de la organización. Para Astrae, Tráfico ha sumido  competencias en transporte sin ser competente en ello, y no pueden regular la actividad amparándose en la seguridad vial. En el recurso se quiere insistir en la idea de que el Proyecto de Ley de Carreteras no es óptimo para el transporte, y que la instrucción que ha dado luz verde a los megacamiones supone una competencia desleal para ellos. Según Astrae, “la Administración no ha marcado las mismas normas para todos, y los nuevos criterios en las autorizaciones no se pueden admitir”.

Las razones que aduce la asociación para presentar el recurso contencioso administrativo se basa en tres argumentos: la obligación que introduce la Dirección General de Carreteras de pasar por unas vías específicas, el otorgamiento de autorizaciones complementarias de circulación a operadores de transporte (que no tienen por qué ser transportistas con una autorización especial) y la aprobación, por parte de la Dirección General de Tráfico, de los megacamiones o megatrailers, algo que para los transportistas del especial supone una competencia desleal.

Esta actividad se queja de que los territorios, al ser también titulares de la vía, tienen potestad para autorizar o no un convoy. Así sucede en las comunidades autónomas de Cataluña, Navarra y País Vasco, donde las diputaciones también tienen su capacidad de decisión en este tema. “Hay comunidades que parecen países distintos, no se ve coordinación por ningún sitio. Es una auténtica barbaridad”.

Otro problema añadido a los muchos que tiene esta especialidad es que los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico se han reducido en un 40%. Y eso les afecta porque son necesarios a la hora de hacer ciertos transportes que necesitan un convoy, ya que ha de acompañar al camión cuando transporta una carga pesada.
Para solucionar esto, Astrae pide que los transportistas tengan una “patente de corso” o la posibilidad de no tener que acatar la modificación de ley durante dos años. Entre los asociados transportistas existe la opinión de que el itinerario de carreteras (y el resto de cortapisas) hará que entren a la actividad empresas de transporte que no están capacitadas para hacer especial, con lo que formarán parte del mercado y serán competencia desleal. También creen que sería de gran ayuda que los permisos se tramitaran lo más rápido posible.

Nuevos avales

La Dirección General de Carreteras, dependiente de Fomento, es quien realmente tiene competencias en materia de transporte. De esta dirección parten las normas que los transportistas en general, y del especial en particular, deben respetar y acatar. Entre las novedades que recoge la nueva instrucción de otorgamiento de autorizaciones, está la forma de recalcular el aval que toda empresa de transporte necesita para poder operar. Hasta ahora, este aval era genérico, y tenía un valor de 150.000 euros. Hasta ahora, dicho aval no tenía en cuenta el tamaño ni la dimensión de la empresa. Ahora, se ha ideado una fórmula matemática en la que entran variables como la distancia recorrida, la carga y el volumen de la mercancía. De esta manera, una empresa pequeña tendrá que presentar un aval menor, mientras que una grande, su aval será más alto.  La novedad no afecta a las empresas que ya están operando, pero sí a las que se quieren introducir en el mercado, por lo que no ha habido reacción a la medida.

Entre Fomento e Interior

Las quejas del transporte especial ante la Administración son varias, pero hay una que domina sobre las demás: la duplicidad de papeleo que supone pedir permiso a dos direcciones distintas: la de Tráfico y la de Carreteras (cada una dependiente de un ministerio distinto: Interior la primera, y Fomento la segunda).
Por eso, la asociación de transporte Astrae mantiene reuniones periódicas con ambas direcciones para intentar reducir al máximo la carga burocrática que supone tal circunstancia. Los transportistas se quejan de que no existe coordinación de un organismo con el otro. Se trata de dos ministerios distintos que funcionan de forma independiente: la Dirección General de Carreteras controla a los usuarios que utilizan la Red de Carreteras del Estado y la Dirección General de Tráfico trabaja para que ello se haga con la máxima seguridad posible. En medio está el transporte especial, que debe lidiar a diario con ambos.

Novedades en los criterios de tramitación

• Más de un vehículo motriz en autorización complementaria de circulación de cualquier categoría con redes
• Nueva red de itinerarios para autorizaciones complementarias de circulación de categoría específica para VERTE (Vehículos en Régimen de Transporte Especial)
• No identificación de la carga cuando se trate de elementos únicos indivisibles
• No itinerario directo en origen y destino
• Circulación simultánea amparada en la misma autorización complementaria de circulación cuando sea posible formar más de un conjunto de origen en marcha
• Vehículos motrices de diferentes titulares del permiso de circulación en la misma solicitud si el solicitante consta en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte del Ministerio de Fomento (REAT)

Los megacamiones ¿agravio comparativo?

Los transportistas de especial han visto con sorpresa cómo la Dirección General de Tráfico ha aprobado la instrucción que permite la circulación de vehículos euro modulares (conocidos también como megacamiones o megatrucks). Con menos restricciones a la circulación, los megacamiones, con una masa máxima autorizada de 60 toneladas y 25,25 metros de longitud máxima, también necesitan una autorización especial para poder circular, que ha de expedir la DGT (en el caso de Cataluña, el Servicio Catalán de Tráfico, y en el País Vasco, la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco).
Así, el papeleo para solicitar las autorizaciones se multiplica cada vez que hay un nuevo organismo que tiene las competencias, o bien en materia de carreteras, o bien de seguridad vial. Los dos deben tener conocimiento de que un transporte especial quiere pasar por una determinada vía, y hay que presentar tanto los avales como la documentación que cada administración solicita. Pero para el permiso de circulación de un megacamión no existen tantas dificultades, por eso los transportistas de especial se han quejado del agravio comparativo que esto supone.

Este artículo, completo
publicado en la revista Truck

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Número 105 - julio/agosto 2016

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