Entre los motivos se encuentra la doble presión fiscal, puesto que tanto los particulares como los profesionales del transporte ya pagan mucho más de lo que cuestan –creación y mantenimiento de las redes viales incluidos- con el impuesto sobre el combustible. Tanto es así, que contando únicamente con el Impuesto Especial de Hidrocarburos, los usuarios de la carretera general anualmente cerca de 11.000 millones de euros de ingresos a las arcas públicas.

Asimismo, la patronal argumenta que los nuevos peajes tendrían efectos tremendamente negativos en la competitividad económica española ya que encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes, uno de los principales cimientos de nuestro PIB; y de servicios como es el sustancial volumen de turistas que nos visitan por carretera. Por su parte, el transporte de mercancías y pasajeros es clave para nuestra economía y estratégico para la reconstrucción económica de España.

Por otro lado, otro de los motivos que se esgrimen, además del coste de mantenimiento de la infraestructura, es imponer peajes para reducir el impacto de la carretera sobre el medio ambiente, bajo la premisa de “quien contamina paga”, pero el sector del transporte por carretera en la UE representa menos del 6 % de las emisiones de CO2, es decir, el 0,5 % del total mundial.

Finalmente, ASTIC concluye que este peaje obligará a muchos de los conductores a buscar vías alternativas y mucho más peligrosas. Por tanto, el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas de ellas, con déficit de mantenimiento y conservación.

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