La Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a Francia, que supone el paso previo a un procedimiento de infracción que podría acabar en el Tribunal de Luxemburgo. También ha enviado otra a la administración germana, que es la continuación del inicio del procedimiento de infracción iniciado en mayo de 2015, tras mantener extensas conversaciones con las autoridades alemanas con el fin de llegar a una solución amistosa.
Las administraciones francesas y alemanas disponen ahora de dos meses para responder a la Comisión.

Entrada ern vigor de la Ley Macron  

A partir del 1 de julio, las empresas transportistas extranjeras que circulen por Francia tendrán que acreditar que sus conductores profesionales perciben, al menos, el salario mínimo interprofesional francés, establecido en 1.457,52 euros mensuales.

Entre las características de la Ley Macron que afectan a los transportistas caben destacar:

• Esta ley afecta a asalariados, no a autónomos.
• Las empresas que desplacen trabajadores a Francia deberán cumplimentar un certificado de desplazamiento que tendrá validez semestral.
• Solo se aplicará a las operaciones de internacional y de cabotaje no a las de tránsito.
• Para el cálculo de los 9,6 euros/hora se tendrá en cuenta el salario bruto, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Sigue habiendo duda en torno a las dietas, la impresión es que se aplicaría el mismo criterio que se ha implantado en Alemania respecto a las mismas: computarían en el salario mínimo los complementos correspondientes al desplazamiento que no se abonen como reembolso de los gastos efectivamente realizados en el mismo (no dietas de manutención, sí dietas por desplazamiento).
• Respecto a la obligación de las empresas de contar con un representante legal en suelo francés al cual las autoridades podrán requerirle la documentación complementaria necesaria que pruebe que se cumple con el citado salario mínimo,  dicho representante solo debe cumplir un requisito: tener un domicilio permanente en Francia al cual las autoridades puedan dirigirse para formularle el requerimiento oportuno de la documentación necesaria relativa a la empresa representada. No es necesario que sea gestoría, ni bufete de abogados, etc. Bastará con el requisito citado y puede ser incluso el propio cliente francés (cargador o receptor), una asociación con sede en Francia o personal de la propia empresa que resida en Francia.

El sector del transporte ha solicitado un aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley Macron ante las dudas que aún plantea su puesta en marcha.

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