Según afirma el propio bufete de abogados, la presentación de las demandas representa un total de 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes “que implican a más de 34.000 vehículos”.

En una nota remitida a todos los medios de comunicación, CCS Abogados estima la indemnización sobre el precio original de compra por camión, en el ciclo de 14 años de cártel y sin tener en cuenta el interés legal del dinero, en torno al 16,35% del precio original, con lo que las indemnizaciones de todos los afectados en España podrían superar los 700 millones de euros.

El proceso ha llevado más de dos años, desde que la Comisión Europea impusiera una multa de 3.800 millones de euros a los principales fabricantes de camiones “por haber pactado los precios de venta entre los años 1997 y 2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de dichas tecnologías”.

Según señala Miguel Camaño, socio de CCS Abogados, la prueba pericial, que se ha realizado en coordinación con equipos técnicos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricantes de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos distintos, el primero de ellos, a su vez, con dos modelos de contrafactual diferenciada, pero con conclusiones en sintonía en todos los supuestos,  metodología que hasta la fecha no se ha usado por ningún otro bufete español en las reclamaciones del cártel.

Hasta el momento, tanto en en España como en Alemania se han producido algunas  sentencias favorables a los demandantes, mientras que otras reclamaciones han sido desestimadas debido a los defectos que presentaban las pruebas periciales empleadas.

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